La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Rono', ha detenido a
catorce personas y ha imputado a otras dos, por introducir especies no
autóctonas de caza mayor en el medio natural con peligro para el
equilibrio biológico.
Han sido inmovilizados 22 especímenes de
ciervo que provenían de una granja alemana y otros 25 en algunas de las
fincas implicadas en la operación poniéndolos a disposición judicial
para la realización de pruebas periciales y científicas.
Las
investigaciones se iniciaron a principios de año cuando el Servicio de
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) tuvo
conocimiento de que una persona, residente en Navarra, había ofrecido
ejemplares de animales de caza mayor a los titulares de varios cotos
privados de caza de Ciudad Real.
Estos animales, que procedían de
granjas ubicadas en otros países europeos, eran liberados en los
terrenos de estos cotos para renovar las líneas genéticas de los
animales autóctonos y mejorar sus trofeos.
Los especímenes eran
seleccionados en origen bajo criterios de edad, género y dimensiones de
los trofeos, primando aquellos ejemplares que estuvieran dotados de
grandes cuernas puesto que la demanda de las fincas de destino así lo
exigía.
Alteraban el número de autorización administrativa
Los
animales eran transportados desde su lugar de procedencia a través de
transportistas de ganado autorizados internacionalmente y una vez
obtenidos los certificados intracomunitarios necesarios, se alteraba el
número de autorización administrativa y su destino para poder soltarlos
en terrenos enclavados en comunidades autónomas que tienen restringidas
estas sueltas. Se han confirmado actuaciones de este tipo en las
provincias de Ciudad Real, Cáceres y Teruel.
Simultáneamente,
los propietarios de las fincas a las que iban destinados, solicitaban
autorizaciones para realizar sueltas de ejemplares de la misma especie,
aunque éstos procedían de fincas ubicadas en España y contaban con las
autorizaciones y los controles sanitarios necesarios. De este modo, los
ahora detenidos, tenían un respaldo documental ante la Administración en
el caso de que se produjera una inspección. No obstante, las sueltas
autorizadas nunca llegaban a producirse y sólo se soltaban los animales
introducidos ilegalmente.
Durante el curso de la investigación se
ha constatado que en dos de los transportes realizados se introdujeron
varios ejemplares infectados de tuberculosis, lo que provocó un riesgo
de contagio para la fauna cinegética y la cabaña ganadera de la zona.
El
único objeto de esta actividad ilícita era obtener mayores rendimientos
económicos, aprovechando el hecho de que los cazadores aprecian los
trofeos de los animales abatidos según su tamaño, aunque éstos ignoraban
que las piezas adquiridas eran especímenes alóctonos o hibridados que,
en ningún momento, podrían superar los controles de las Juntas de
Homologación de Trofeos de Caza.
Consecuencias ecológicas
La
introducción de estos ejemplares en ecosistemas de nuestra geografía
sin las debidas garantías sanitarias puede dar lugar a la propagación de
nuevos agentes infecciosos o de nuevas variantes de agentes infecciosos
ya existentes, lo que puede provocar consecuencias negativas tanto para
la conservación de la fauna autóctona, como para la sanidad animal y,
en último término, para la salud pública.
Otra consecuencia de
este tipo de actuaciones es el daño que puede producirse en el
equilibrio ecológico del ecosistema en el que se produce la suelta así
como la hibridación de la fauna autóctona con la que entran en contacto.
La Guardia Civil ha realizado numerosas gestiones y
comprobaciones con diversas autoridades y organismos, tanto de la
administración central como de órganos periféricos de distintas
comunidades autónomas competentes en materia de caza, trazabilidad y
sanidad animal. Por su parte, las gestiones necesarias con otros países
europeos han sido realizadas por la Guardia Civil a través de Europol.
Esta
actuación ha dado origen a un estudio genético realizado a partir de
muestreos realizados en las fincas implicadas. Este estudio arrojará
información determinante para la investigación una vez que se contrasten
los resultados con los datos obtenidos con fines científicos.
La
explotación de la operación se ha saldado con la detención de catorce
personas residentes en las localidades de Artica-Berrioplano (Navarra),
Zarza la Mayor (Cáceres), Valdetorres del Jarama (Madrid), Villanueva de
Infantes (Ciudad Real), Zaragoza y Madrid, por delitos relativos a la
protección de la fauna, flora y animales domésticos. Otras dos personas
en Madrid y Ciudad Real han sido imputadas por los mismos delitos.
